Tag Archives: Allanamientos

Capturan a cuatro hombres por la muerte de dos mujeres en Jalapa

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) realizaron cinco allanamientos en Mataquescuintla, Jalapa donde capturaron a cuatro hombres y se remitieron a dos menores al juzgado de paz local. Son señalados de la muerte de dos mujeres en el sector, según el reporte de las autoridades.

Los capturados son: Ferdin Josué Lemus Rosales, de 22 años, Delmer José Valeriano Ajú Cholotio, de 21, Kennet Eduardo Alquijay Fernández, de 19 y Jorge Leonel Rosales Pérez, de 23, quienes son requeridos por un Juzgado por el delito de femicidio, según la orden de captura de fecha 21 de enero. Además, se remitió a dos adolescentes de 17, 16 años sindicadas por el delito asesinato. Las capturas se realizaron en el sector El Calvario del referido departamento.

Según las autoridades, los cuatro hombres son los presuntos responsables de la muerte de dos mujeres, una de 36 años de edad que fue localizada el pasado 20 de enero y de una de 24 años que fue asesinada con arma de fuego el pasado 17 de enero. Ambos hechos ocurrieron en Mataquescuintla.

Incautan evidencias

En las viviendas allanadas se localizaron prendas de vestir con posibles manchas de sangre de sus víctimas. Se incautaron 12 celulares, una pistola, marca Glock, calibre .45 y 60 municiones útiles, un arma de fuego marca Beretta, calibre 9 milímetros y un recipiente de vidrio conteniendo marihuana.

Lo incautado fue embalado por los peritos en escena del MP y se continuará con las investigaciones detalló la PNC.


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Author: Lucero Sapalu

Desarticulan una banda narco en Córdoba: seis detenidos

Al menos ocho allanamientos terminaron con seis personas detenidas sospechadas de pertenecer a una banda criminal que comercializaba estupefacientes en la ciudad de Córdoba. En los operativos se secuestró gran cantidad de estupefacientes y cerca de cuatro millones de pesos, además de vehículos de alta gama, un camión Volvo y dos camionetas VolksWagen Amarok. También se secuestraron seis armas de fuego, una de ellas “había sido robada a la Policía de Córdoba”, según indicó a Cadena 3 el fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, Marcelo Sicardi. La droga incautada corresponde a cocaína, “con un pesaje superior a los 20 kilogramos”, indicó del fiscal, y aseguró que el dinero encontrado ronda los cuatro millones de pesos.  NEWSLETTER 9AM De lunes a viernes, la selección de nuestros editores de la información más relevante para cada jornada. ¡Gracias por suscribirte! Ha ocurrido un error, por favor intente nuevamente más tarde. Publicidad

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Author: LaVoz.com.ar | Sucesos

Recuperaron un mono Mirikina que había sido robado del Parque de la Biodiversidad

La Policía de Córdoba informó este miércoles que luego de distintos allanamientos en los barrios Hipólito Irigoyen y Marqués de Sobremonte, de la Capital, lograron recuperar el mono Mirikina que había sido robado hace unos días del Parque de la Biodiversidad.

Por el hecho, quedó detenida una mujer de 50 años. En su domicilio, también se secuestró un loro. Personal del Departamento Coordinación de Brigadas Civiles investigan la procedencia del ave.

La mujer quedó a disposición de la Justicia, como supuesta autora del delito de encubrimiento, según detallaron desde la Jefatura a La Voz.

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Pami: hay 16 farmacias en la mira por una defraudación millonaria

Un día después de los 30 allanamientos a farmacias, un geriátrico, la sede del Colegio de Farmacéuticos y domicilios particulares, el juez federal Ricardo Bustos Fierro firmó dos resoluciones. En una, levantó el secreto de sumario de la causa. En la otra, dictó tres cautelares: una para impedir la salida de los 14 imputados; las otras, para ordenar al Pami que suspenda como prestadoras a 16 farmacias y les bloquee todo pago pendiente.

La causa investigada por el fiscal Enrique Senestrari desde junio de 2019 comenzó a partir de una investigación preliminar que inició su par porteño a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del Pami Central, Javier Arzubi Calvo. Entre numerosas irregularidades, se detectaba la venta de pañales a una jubilada que ya había fallecido.

Tras los allanamientos del miércoles, el juez ordenó al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados (Pami) que interrumpa los pagos y suspenda como prestadoras a 16 farmacias de la ciudad de Córdoba y de tres localidades del interior provincial. Además, en la segunda resolución se conoció el nombre de los 14 imputados, porque sobre ellos también se dictó la cautelar que les prohíbe salir del país.

Las 16 farmacias que sufrieron el peso de estas cautelares son Central SRL (Colón 2), Cohn SRL (Santa Rosa 74), Farma Libertad (Sabattini 3250, local 510), Daniele (Agustín Garzón 4928), Daniele II (Sagredo de Molina 2791), Daniele III (bulevar Guzmán 81), Albiñana (Mendoza 35, barrio Cerveceros), cinco farmacias del hospital Italiano (Roma 550, Oncativo 1501, Rafael Núñez 3672, General Deheza 514 y Colón 505), las dos sucursales de Arossa en Villa del Rosario (San Martín 1098 y Gerónimo del Barco 912), Noya (San Martín 494, Cosquín) y Noya II (Ruta 38, Bialet Massé).

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Los 14 imputados por defraudación a la administración pública y como presuntos miembros de una asociación ilícita, son: el titular del Colegio de Farmacéuticos, Germán Gustavo Daniele; Marcelo Gabriel Aprile; Adrián Rubén Bressán; Ester Elsa Valeria Rearte; Marisa Irene Reggio; Luciano Aprile; Javier Roberto Daniele; Claudio Elías Duflos; Diego Nelson Jesús Arossa; Alejandro Cohn; León Cohn; Claudia María Alejandra Albiñana; María Belén Simioni, y Hernán Darío Medeot.

Defensa

Ayer a la mañana, en declaraciones a la prensa, Daniele se defendió diciendo: “Yo no soy el Yabrán de los medicamentos”. Y negó que sea posible expender medicamentos a personas fallecidas, tal como trascendió que se sospecha en la investigación.

También se preocupó por apartar al colegio de cualquier irregularidad, si bien no estaría en la mira de los investigadores involucrar a esa institución.

La prueba, sostienen las fuentes consultadas, involucra a Daniele por ser titular de varias farmacias, tres de las cuales quedaron interdictadas para operar con el Pami y para que reciban pagos de esa obra social.

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Más allá de las declaraciones de Daniele, minutos más tarde se conoció la lista de imputados y la suspensión de las farmacias. En ámbitos judiciales, se insiste que hay pruebas que serían contundentes para comprometer a los imputados.

Además de las cautelares, se conoció que también pesan inhibiciones de las cuentas bancarias de los acusados, entre farmacéuticos, médicos y particulares. Además, el juez ordenó al Pami “que remita de manera inmediata todo expediente administrativo relacionado con las farmacias mencionadas, identificando al personal administrativo y/o auditores médicos que hubiesen intervenido en el control de los expedientes”.

Esto permitirá aumentar la prueba que durante meses ha pasado por la obra social, muy superior a lo que pudiera haberse obtenido en los allanamientos a las farmacias y al colegio, donde permanece documentación reciente. Con mayores casos de irregularidades, se presume que el monto estimado de la defraudación puede superar ampliamente la suma de más de 20 millones de pesos que hoy por hoy se maneja.

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Se estima que en esos expedientes del Pami puede surgir abundante prueba para comprobar irregularidades de facturaciones indebidas. En principio se habló de “recetas truchas”, pero la maniobra se basaría en la utilización de troqueles de medicamentos falsificados o, más bien, en troqueles ya rendidos por otra farmacia y luego reinsertados en el circuito de facturación.

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El texto original de este artículo fue publicado el 18/12/2020 en nuestra edición impresa.

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Facturas truchas: la pata profesional de la megaevasión

La calculadora no deja de sumar cifras. A dos meses y medio de los allanamientos masivos por la llamada “megaevasión”, el monto bajo sospecha acaba de actualizarse: más de 2.400 millones de pesos en facturación apócrifa, según calculan los investigadores federales.

Asociación ilícita, alteración dolosa de registro, evasión y administración fraudulenta son las figuras penales que se leen en los hasta ahora 92 hechos delictivos fijados en la acusación que llevaban adelante los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, bajo la supervisión y el aval del Juzgado Federal N° 1, que lidera Ricardo Bustos Fierro.

Fiscal. Enrique Senestrari.

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Una compleja causa en la que se analizan más de 15 mil facturas truchas diseñadas, y en la que hasta ahora aparecen imputados dos intendentes (Daniel Salibi, de Mendiolaza, y Cayetano Canto, de Saldán), 48 empresarios o contribuyentes y 18 contadores.

Juez. Ricardo Bustos Fierro.

En tanto, se analiza la situación legal de personas de muy bajos recursos cuyas claves fiscales fueron utilizadas para generar la facturación apócrifa, según se sospecha.

En términos simples, se persigue a una organización que generaba facturas apócrifas, las que luego eran vendidas a empresas y particulares que buscaban simular gastos para evadir el pago de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

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Como supuesto líder de la presunta asociación ilícita figura Diego Vieyra Ferreyra, quien permanece detenido.

Fiscal. Maximiliano Hairabedian.

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Los contadores

Entre los diversos roles que los investigadores de la Justicia federal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) han ido anotando en el enorme organigrama de la causa, a los contadores les han guardado un lugar destacado.

Al menos ocho de estos profesionales investigados pasaron varios días detenidos, aunque ya todos salieron de la cárcel. No obstante, unos pocos todavía tienen prisión domiciliaria.

La persecución legal contra los contadores ha generado inquietud en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), ya que no es común que sus asociados integren las causas penales.

Casco (de la firma Corphone), Sarmiento (de Corebi SA), Dellamagiore y Ribera (Softkey-Bornix), Pollano (Ghione SA), Lozano (UrbisCargo), Malusardi (HC3 Global Reserch Group SA), Gleser (Nesat) y Morselli y Boero (Mitre SA) son algunos de los estudios y contadores que quedaron en medio de esta investigación, según apuntaron diferentes fuentes consultadas.

¿Cuál es el reproche general en la causa contra los profesionales? Ellos son quienes habrían firmado los balances de las empresas ahora sospechadas de haber utilizado esas facturas apócrifas para simular gastos y así intentar evadir la carga impositiva, siempre de acuerdo al expediente que se instruye en la torre de Tribunales Federales de Córdoba.

En ese sentido, el presidente del CPCE, José Simonella, planteó que entre los contadores colegiados existe preocupación en dos direcciones a raíz de esta mega investigación .

“Por un lado, en caso de que los profesionales sean responsables, desde la institución nos preocupamos por el daño y la reputación general”, explicó.

Y continuó: “Pero no siempre está claro el alcance de la responsabilidad de los profesionales en este tipo de casos. Muchas veces se certifica el balance sin tener toda la información de la firma disponible, sino que se hace sobre un muestreo. Porque el profesional ve lo que el cliente le deja ver. Además, el listado de las llamadas ‘facturas apoc’ (por apócrifas) que publica la Afip puede ser posterior al balance que firmó el contador”.

Por ello, Simonella advirtió que desde el CPCE están analizando que “las responsabilidades que asumen los profesionales son cada vez mayores”.

Y completó que en la actualidad el CPCE está trabajando con la Justicia provincial para “explicar bien el alcance de la tarea profesional”, con la idea de que los funcionarios judiciales puedan conocer de manera clara de qué manera los contadores realizan su trabajo.

A pagar

En otro aspecto vinculado con el avance de la investigación por la megaevasión, en una nota publicada la semana pasada adelantábamos que tras la difusión mediática de esta causa, en Córdoba se había incrementado de manera notable la recaudación tributaria.

En ese sentido, fuentes de la Afip precisaron ahora que en agosto la recaudación se había incrementado en un 30 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que daba un valor similar, inflación mediante.

Pero después de los allanamientos del 31 de ese mes, en septiembre el cobro de tributos trepó un 43 por ciento.

Y en octubre la cifra fue un 60 por ciento mayor en relación con el mismo mes de 2019, un crecimiento considerado inédito a nivel nacional.

Incluso, varios de los empresarios imputados en el marco de la megaevasión ya ofrecieron regularizar sus deudas millonarias con la Afip, con la idea de intentar morigerar la persecución judicial en contra de ellos.

En ese sentido, fuentes que siguen bien de cerca este expediente remarcaron que ha llamado mucho la atención que empresarios que hoy tienen todos sus bienes inhibidos, al igual que sus cuentas, hayan ofrecido adelantos millonarios a la Afip con el objetivo de acelerar el acuerdo con ese organismo.

Llamativa liberación de un empresario imputado

La Cámara había denegado su excarcelación unos días antes.

Cinco días después de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara –por mayoría– la excarcelación del empresario Cristian Debarre por evasión impositiva en la causa de las facturas truchas, el juez Ricardo Bustos Fierro le otorgó la libertad.

Fuentes tribunalicias y de la defensa explicaron que quien en los papeles figura sólo como el apoderado de la firma Corphone resultó beneficiado por la nueva legislación tributaria que permite la extinción de la ley penal cuando se abona el monto de la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Afip. Bajo el argumento de las cárceles colapsadas y con la amenaza cierta del Covid-19, el empresario recuperó la libertad mientras continúa el proceso en su contra.

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El texto original de este artículo fue publicado el 15/11/2020 en nuestra edición impresa.

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Author: LaVoz.com.ar | Sucesos

Fiscalía de El Salvador investiga compra de insumos médicos durante la pandemia

(CNN Español) –– La Fiscalía General de El Salvador encabezó al menos 20 allanamientos para buscar información sobre las compras de insumos médicos que ha hecho el Gobierno durante la pandemia de covid-19.

Según la Fiscalía de El Salvador, los registros los autorizó un juez. La entidad añadió que se llevaron a cabo en los ministerios de Salud, Hacienda y otras instituciones que no quiso precisar por tratarse de una investigación en curso.

El procedimiento se realizó con hermetismo. Hasta el final de la tarde de este lunes la Fiscalía confirmó que se trataba de diligencias por la investigación abierta tras supuestas irregularidades en la adquisición de insumos, como sobreprecios y violaciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (LACAP).

«La finalidad es recolectar toda documentación, toda información, soportes informáticos que nos permitan establecer circunstancias relacionadas con la emergencia en nuestro país», aseguró en breves declaraciones a la prensa German Arriaza, director de la Unidad Contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía.

CNN pidió reacción de la Secretaría de Prensa del gobierno. También a los Ministerios de Salud y Hacienda. Sin embargo, ninguno de los organismos respondió a la solicitud.

Por su parte, el ministro del Trabajo Rolando Castro calificó los registros de «circo del más barato y burdo», en su cuenta de Twitter.

La investigación de la Fiscalía de El Salvador

La investigación fue abierta «de oficio y por algunas pocas denuncias», sostuvo Arriaza en sus declaraciones a la prensa. Arriaza se refiere a denuncias presentadas por particulares y organizaciones sociales que consideran que el gobierno ha hecho mal uso de los fondos para atender la pandemia.

El propio fiscal general Raúl Melara tuiteó en junio que se abrió un expediente para «determinar si se ha abusado del dinero que debería haber sido utilizado para el combate de la pandemia» y desviado para fines distintos.

Una de las supuestas irregularidades la reveló ese mismo mes la revista Salud con Lupa. La publicación informó de la compra por US$ 250.000 en protectores faciales que hizo el Ministerio de Salud a una empresa de reciclaje de plástico, propiedad de Jorge Aguilar. Aguilar en ese momento era presidente del Fondo Ambiental de El Salvador.

El artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones prohíbe ser proveedores del Estado a funcionarios públicos, titulares de instituciones y miembros del consejo de ministros, entre otros.

Las advertencias de Bukele

El presidente Nayib Bukele lo destituyó del cargo tras la polémica. «Mi conciencia está tranquila y la verdad triunfará nuevamente», dijo en su defensa Aguilar en su cuenta de Twitter.

El mandatario ya lo había advertido. «Les he dicho a mis funcionarios, en público y en privado, que al que robe yo mismo me voy a encargar de meterlo preso. Más si lo hace durante esta pandemia», aseguró Bukele el 27 de mayo.

Para hacer transparente el uso de los recursos públicos, el mandatario dijo que necesitaría de auditorías de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIES). También de la Corte de Cuentas, la institución responsable de auditar el manejo de fondos en El Salvador.

La Corte de Cuentas lleva a cabo las auditorías al igual que la CICIES. En junio de este año, la Comisión dijo en su cuenta de Twitter que comenzó el proceso para verificar los gastos incurridos durante la emergencia. Añadió que al concluir la investigación enviaría sus conclusiones a las autoridades pertinentes.


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Author: macamilarincon

Robaban datos de tarjetas de crédito para hacer pagos on line de impuestos: 7 detenidos

La Fiscalía Especializada en Cibercrimen, a cargo de Franco Pilnik, ordenó siete detenciones y 19 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por la que se logró desbaratar una banda dedicada a cometer ilícitos on line.

Los procedimientos fueron llevados a cabo por personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de Córdoba, quienes, en colaboración con personal de Informática Forense de Policía Judicial, ingresaron de manera simultánea en diferentes domicilios de la ciudad de Córdoba de la localidad de Agua de Oro, donde lograron el secuestro de importante material relativo a la causa, y realizar las detenciones.

La pesquisa llevada adelante en coordinación con la Unidad Judicial de Delitos Económicos, pudo determinar la existencia de una banda dedicada a captar, desde diferentes puntos, datos de tarjetas de crédito, los que luego eran utilizados para hacer pagos online de impuestos y servicios en esta Provincia de Córdoba, señaló el Ministerio Público Fiscal.

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Author: LaVoz.com.ar | Sucesos

Con allanamientos en Córdoba y otras provincias, desbaratan una gran red de pornografía infantil

Ciento diez allanamientos en media docena de provincias argentinas, entre ellas Córdoba, y varios países de América y Europa con más de 120 imputados es el resultado del “mas grande operativo” realizado en el país contra una red internacional de pedofilia y distribución de materiales que representan abuso sexual de niños, niñas y adolescentes a través de grupos de WhatsApp, informaron hoy fuentes judiciales.

En total se efectuaron 110 allanamientos, 32 de los cuáles se llevaron a cabo en territorio bonaerense, 9 en la ciudad de Buenos Aires y el resto en provincias como Córdoba, Salta y Tucumán, además de países como Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

(PFA).

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De esta causa también se derivaron otras investigaciones con conexiones sospechosas en Estados Unidos, España y Portugal.

Entre los imputados en la causa, figuran cinco mujeres y un adolescente de 17 años. Además, once personas fueron demoradas y señaladas como administradores de una red de grupos de WhatsApp en los que sólo se compartían materiales vinculado a la explotación sexual infantil.

La investigación incluyó la utilización de agentes reveladores infiltrados y evidencias digitales, por lo que constituyó “un arduo trabajo de inteligencia”, detallaron las fuentes.

(PFA).

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La pesquisa en la Argentina fue llevada adelante por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Policía Federal, en el marco de la causa en la que interviene la Ayudantía Fiscal Delitos Conexos a cargo del Daniel Ichazo, y está caratulada como “material de explotación sexual infantil -presunta Asociación Ilícita contra la Integridad Sexual de menores”.

El fiscal Ichazo dijo a Télam que esta operación “nace de una investigación previa por distribución de pornografía infantil que se había realizado en los partidos bonaerenses de Berazategui y Florencio Varela el año pasado, en la que las pericias que se habían hecho sobre los teléfonos de los sospechosos habían detectado una aplicación que daba acceso a varios grupos de WhatsApp, con nombres muy llamativos”.

“A partir de este dato solicitamos autorización al juez de garantías para ingresar a esos grupos y pudimos comprobar que estaban organizados y tenían normas preestablecidas, por las que expresamente sólo de podía compartir ‘CP’, que es la sigla en inglés para pornografía infantil, y todos los miembros estaban obligados a compartir contenido cada determinada cantidad de tiempo”, detalló.

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El funcionario judicial apuntó que “también se solicitó la utilización de la figura del ‘agente revelador’ para que psicólogos del área de Ciencias de la Conducta de la provincia de Buenos Aires pudiesen ingresar a esos grupos con identidades digitales construidas para la ocasión; y a través de una investigación que se extendió entre marzo y julio de este año pudieron develar el mecanismo de funcionamiento de la red”.

(PFA).

El fiscal destacó que “el trabajo conjunto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Federal sobre fuentes abiertas permitió precisar todos los domicilios y también los dispositivos desde los que los sospechosos se conectaban a los grupos que conforman la red, lo que nos permitió saber qué dispositivos teníamos que llevarnos al momento de los allanamientos en cada domicilio”.

Ichazo señaló que “se secuestraron los teléfonos personales de todos los sospechosos y, en el caso de los que se conectaban a través de WhatsApp web, también las computadoras”.

“Todos esos equipos también se van a analizar en una misma jornada el próximo 23 de octubre, gracias a la colaboración de las autoridades de casa jurisdicción”, añadió.

El fiscal aseguró que “este es un operativo inédito en Argentina porque hasta acá siempre se habían realizado de forma seccionada y se levantaban cargos en cada jurisdicción, por lo que las causas terminaban siendo por la tenencia de contenidos de explotación sexual infantil y eran todas penas excarcelables”.

“Además, muchas de estas causas no se originaban en el país sino que arrancaban a partir de datos que traía de otro país alguna investigación de interpol”, aclaró.

Para Ichazo, “tener a todos en la misma causa va a facilitar el proceso para avanzar con las imputaciones y las detenciones”.

“Por ahora, sólo los once administradores que están dispersos entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Tucumán fueron demorados”, completó.

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Cayó una banda que traficaba drogas a Europa en artesanías con la imagen de Mafalda

Una banda integrada por argentinos y colombianos fue detenida al cabo de varios allanamientos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano acusada de traficar cocaína a Europa en artesanías con la imagen de Mafalda, el personaje de Quino, informaron hoy fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a cargo del operativo.

La investigación, que derivó en los arrestos de dos colombianos y un argentino, se inició el 12 de junio pasado cuando durante los controles de rutina que la PSA realiza en la Terminal de Cargas Argentinas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza se detectó una encomienda que iba a Holanda y que contenía una artesanía similar a un plato, realizada con pequeños azulejos o venecitas que formaban la imagen de Mafalda, el personaje de Quino.

Al revisarlo exhaustivamente, los efectivos determinaron que ese objeto contenía 314 gramos de cocaína disimulada en el interior de los 100 cubos de 15 milímetros de lado y tres de espesor que conformaban la pieza.

Para los pesquisas, esa modalidad de tráfico de droga remitía a una organización especializada, por lo que se inició una investigación conjunta entre la PSA y la Dirección General de Aduanas (DGA), dirigida por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 8, a cargo de Gustavo Meirovich, y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 2, de Emilio Guerberoff.

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La droga. (PSA)

Mediante el análisis de diversas diligencias, se logró identificar a tres integrantes de la banda, dos colombianos y un argentino quemediante el uso de documentos falsos enviaban cocaína a Holanda y recibían a cambio drogas sintéticas.

En septiembre pasado, en el marco de la misma pesquisa, los investigadores fueron alertados sobre la llegada de una encomienda de la misma organización y procedente de Holanda al Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, con más de cinco kilogramos de MDMA (éxtasis).

La encomienda tenía como destino la Argentina y el nombre del destinatario coincidía con el del remitente del envío con la artesanía de Mafalda secuestrado meses antes.

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Por tal motivo, bajo la coordinación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el juez de la causa ordenó la realización de una “entrega vigilada” de la droga desde el aeropuerto de Miami hacia Buenos Aires con el fin de interceptar a quienes iban a retirarla.

Al llegar la encomienda al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini tres personas fueron a buscarla -dos colombianos y un argentino- y quedaron detenidas.

La droga. (PSA)

En el paquete había 5.362 gramos de metanfetamina, disimulados entre las paredes de una caja que contenía guantes de boxeo, detallaron las fuentes.

Al respecto, el director nacional de la PSA, José Glinski, explicó que ?las redes delictivas que se dedican al narcotráfico funcionan con la misma lógica, los mismos mecanismos y las mismas complejidades logísticas que las empresas legales” por lo que es necesario “pensar las políticas criminales y entender esas prácticas para poder abordar el delito eficazmente?.

Tras los arrestos, la Justicia dispuso cinco allanamientos en domicilios de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en los que se hallaron 725 gramos de sustancia de corte, 385 gramos de marihuana; pastillas de éxtasis y dosis de cocaína y metanfetamina; herramientas y elementos de corte (coladores, balanzas, envases, bolsas, cintas adhesivas), divisas de diferentes nacionalidades; celulares, notebooks y tablets.

En uno de los domicilios, ubicado a metros del Obelisco, los pesquisas detectaron además un pequeño invernadero con 12 plantas de marihuana.

El director de la PSA destacó el resultado de esta operación porque más allá de interceptarse la encomienda “pudo avanzarse sobre el grupo criminal responsable” de la maniobra de narcotráfico y explicó que “al afectar un circuito de distribución de drogas en un país se puede producir un desplazamiento de las redes criminales hacia otros países y, en consecuencia, disminuye la circulación local”.

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Banderazo: un detenido y secuestro de marihuana en allanamientos a los DJ y organizaciones de la fiesta “rave”

El fiscal Andrés Godoy ordenó cuatro allanamientos en las casas de los DJ y los organizadores de la fiesta “rave” que se realizó frente al Patio Olmos, durante el banderazo que manifestantes realizaron el pasado lunes contra el Gobierno nacional, informaron fuentes judiciales.

Los operativos encabezados por la División Antiterrorismo de la Policía de Córdoba se llevaron a cabo en viviendas situadas en diferentes barrios de la ciudad de Córdoba, donde se secuestraron consolas, teléfonos celulares, computadoras y documentación, según lo dispuesto por la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria (Ufes).

Según indicó a La Voz una fuente policial, en uno de los domicilios se encontró un placard acondicionado como “invernadero” portátil, con un sistema de luces y refrigeración, y varias plantas de marihuana, por lo que la Fiscalía Antinarcotráfico abrió una investigación.

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Allanamiento. (Policía de Córdoba)

Como resultado de los operativos, un hombre fue detenido acusado de violar la ley nacional de estupefacientes, mientras que el resto será citado por el fiscal para la imputación. 

La protesta

La protesta apuntó por un lado contra el Gobierno nacional (pedidos de “más democracia”) y por el otro, contra el de la Provincia (sobre las últimas medidas de endurecimiento del aislamiento).

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Frente al shopping Patio Olmos hubo duros reclamos por la vuelta atrás con las flexibilizaciones y también, referencias al accionar de la Policía de Córdoba.

“Vendiste Córdoba”, decía una leyenda, armada con cintas de papel, sobre una de las veredas de la intersección. “Schiaretti = esclavo K”, se podía leer en otro de los carteles que circularon en manos de los participantes.

Otros carteles manifestaron su disconformidad con la reforma jubilatoria, llevada adelante hace pocos meses gracias a una ley en la Unicameral. Asimismo, algunos reclamaron el regreso de las clases presenciales en la provincia.

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