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L’affaire Olivier Duhamel relance le débat autour des questions de consentement et d’imprescriptibilité

Dans le sillage de la déflagration produite par la sortie de l’ouvrage La Familia Grande (Seuil, 2018 p., 18 euros), de Camille Kouchner, dans lequel elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d’inceste envers son frère jumeau, deux questions ont ressurgi dans le débat public : celle de la recherche du consentement de la victime mineure en cas de viol ou d’agression sexuelle présumés et, dans une moindre mesure, celle de l’allongement des délais de prescription pour ces affaires. Ces derniers jours, les associations de victimes ou des personnalités comme la psychiatre Muriel Salmona sont reparties sur le terrain médiatique pour obtenir des changements sur ces points.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Comment Olivier Duhamel, accusé d’inceste, a cultivé son art du secret

En 2018, la loi sur les violences sexistes et sexuelles, dite loi Schiappa, a allongé la prescription pour les faits de crimes sexuels sur mineurs, la faisant passer de vingt à trente ans à compter de la majorité de la victime. Une avancée encore insuffisante pour un certain nombre d’acteurs, comme l’association Face à l’inceste et d’autres, qui militent pour l’imprescriptibilité, mettant notamment en avant l’amnésie traumatique dont peuvent souffrir les victimes.

« Une quasi-impunité »

Le sujet est cependant loin de faire l’unanimité, dans le monde de la justice, mais aussi au sein du secteur associatif. L’association La Voix de l’enfant y est, par exemple, opposée, au motif qu’elle est aujourd’hui réservée aux crimes contre l’humanité. Sa présidente, Martine Brousse, s’interroge par ailleurs sur « le risque que les victimes diffèrent leurs révélations », et en conséquence leur prise en charge, en l’absence de limite.

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Fragilisée par l’affaire Olivier Duhamel, Elisabeth Guigou démissionne de la commission sur l’inceste

Un second chantier, la proposition d’un seuil d’âge en dessous duquel un mineur serait automatiquement considéré comme non consentant à des relations sexuelles avec un adulte, est également relancé. Initialement envisagée par le gouvernement en 2018, la mesure avait finalement été abandonnée, au grand dam des associations qui militent toujours pour son instauration. « A l’heure actuelle, on a un système défaillant qui garantit une impunité ou une quasi-impunité des violences sexuelles sur mineurs », dénonce ainsi le Collectif pour l’enfance, qui regroupe 33 associations engagées dans ce combat. « Quel que soit l’âge des victimes, on continue dans les tribunaux à étudier au cas par cas si un enfant a pu consentir à l’acte, ce qui aboutit à des requalifications en cascade d’affaires de viols en atteintes sexuelles », ce qui revient à diviser par trois la peine encourue. Le collectif milite pour la création d’infractions sexuelles spécifiques pour les mineurs de moins de 15 ans « qui excluraient d’avoir à rapporter la preuve de la contrainte », une des conditions constitutives des faits de viol ou d’agression sexuelle, comme la menace, la surprise et la violence.

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Samsung Galaxy S21: mejores cámaras y compatibilidad con lápiz digital en el modelo Ultra

Samsung ha arrancado el año con uno de los anuncios más esperados: el lanzamiento de su popular familia de ‘smartphones’ Galaxy S. La marca coreana ha presentado este jueves tres nuevos dispositivos, que añaden importantes mejoras en fotografía y grabación de vídeo, además de incorporar por primera vez -en el caso del Galaxy S21 Ultra- compatibilidad con el lápiz digital S Pen, que hasta ahora había sido la seña de identidad exclusiva de los Note.

El modelo S21 Ultra es el nuevo ‘flagship’ de Samsung, que alcanza los 1.439 euros en su versión más ‘premium’ (16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento). Esto se traduce en una pantalla de 6,8 pulgadas Dynamic Amoled 2X con tasa de refresco de 120 hercios, una batería de 5.000 miliamperios (mAh) y una potente cuádruple cámara con un zoom híbrido de 100 aumentos junto a una lente principal de 108 megapíxeles, que además graba vídeo en calidad 4K a 60 fps.

También es interesante la función Snap 8K mejorada, que permite captar imágenes nítidas de vídeo en 8K para grabar toda la acción a tiempo real y, al mismo tiempo, poder obtener de ese mismo vídeo tomas fijas destacadas cada vez que el usuario presione grabar.

Este es el techo tecnológico que ha marcado la compañía coreana para competir con los ‘tope de gama’ del resto de empresas del sector. A estas innovaciones en hardware se suma el uso de la Inteligencia Artificial para la mejora de las imágenes y de la gestión de la batería, entre otras funciones. Asimismo, añade la compatibilidad con el S Pen -el lápiz digital de Samsung y accesorio estrella del Galaxy Note-, que ahora llega a la familia Galaxy S.

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Esto último es una de las cosas que más ha llamado la atención en la presentación de estos nuevos dispositivos. El S Pen responde a la pantalla de la misma forma que lo hace en el Note a la hora de tomar notas o recortar imágenes, pero en esta primera versión para la serie S no cuenta con funciones remotas. El accesorio se vende por separado al móvil, junto a una carcasa, en lugar de insertarse en su interior -como ocurre en el Note-.

“Galaxy S21 Ultra 5G es otro ejemplo de cómo Samsung impulsa una innovación significativa, con el fin de que las personas puedan disfrutar experiencias personalizadas, que enriquezcan sus vidas y les permitan expresarse tal como son”, ha señalado TM Roh, presidente y director de negocios de comunicaciones móviles de Samsung Electronics, quien hace hincapié en que la importancia de la tecnología durante este último año, marcado por la pandemia.

S21 Y S21+

Galaxy S21 y S21+ comparte buena parte de sus especificaciones. Ambos teléfonos tienen la misma triple cámara, con una lente angular de 12 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 64 MP. Asimismo, los dos disponen de una cámara frontal en forma de ‘notch’ de 10 MP (frente a los 40 MP del modelo Ultra) y 8 GB de memoria RAM, con la posibilidad de optar por un modelo de 128 o de 256 GB de almacenamiento.

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Las diferencias entre estos dos ‘smartphones’ se hacen más evidentes en el tamaño, con las 6,7 pulgadas del S21+ frente a las 6,2 pulgadas de su hermano pequeño; y en la batería, que se amplía de 4.000 a 4.800 mAh en el caso de la versión Plus. También hay, evidentemente, un cambio en el precio, que va de los 849 euros del modelo más básico a los 1.049 euros de partida del Galaxy S21+.

El nuevo diseño de los Galaxy S también ha llamado la atención, sobre todo en lo que respecta a las cámaras, cuyo módulo (situado en la esquina superior izquierda de la parte trasera del terminal) sobresale menos que en las versiones previas. Esta estructura de cámara, bautizada como ‘Contour Cut’, se integra a la perfección en el marco de metal del dispositivo, con una estética elegante pero llamativa.

El nuevo Samsung Exynos 2100 es el procesador que integra la gama Galaxy S21. Un chip que da el salto a los 5 nanómetros y ocho núcleos, integrando además un módem 5G para dar soporte a esta conectividad a todos los terminales presentados este jueves. Un salto tecnológico con el que la compañía coreana promete una mejora del rendimiento del 10 por ciento y un ahorro de consumo del 20 por ciento.

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Samsung -al igual que han hecho algunos de sus competidores en los últimos meses- ha decidido eliminar el cargador de las cajas de los nuevos móviles y lo venderá por separado, ya que la compañía considera que su modo de carga (USB-C) es compatible con la mayoría de los cargadores que los usuarios ya tienen en sus casas. Los Galaxy S21 cuentan también con modo de carga inalámbrica y reversible, por lo que con un móvil se pueden cargar otros dispositivos (como los cascos o un reloj inteligente, entre otros).

Buds Pro

El evento de presentación de los Galaxy S21 ha servido también para anunciar el lanzamiento de los Galaxy Buds Pro, los nuevos auriculares inalámbricos de la compañía, que mejoran sus prestaciones para convertirse en el complemento perfecto al ‘smartphone’. El precio de venta de estos cascos será de 239 euros en España.

Entre las mejoras, destacan sus dos modos de cancelación de ruido y los cuatro niveles diferentes de ruido ambiente para adaptar el sonido a cualquier situación, con un ‘modo conversación’ que baja automáticamente el volumen de los auriculares cuando estos detectan que el usuario ha iniciado una conversación (Intelligent ANC).

Para asegurar que los auriculares pueden ser utilizados en diferentes entornos, Samsung ha mejorado la resistencia de los mismos hasta alcanzar la certificación IPX7, que garantiza un correcto uso incluso al mojarse con agua o sudor. En lo que respecta a la batería, la compañía garantiza ocho horas de reproducción, con veinte horas adicionales si se usa el estuche de carga y una hora extra de reproducción con solo 5 minutos de carga.

“A medida que la gente busca que la tecnología les ayude a adaptarse a sus nuevas rutinas y estilos de vida, el mercado de los auriculares inalámbricos se ha ampliado sustancialmente, y las expectativas de los consumidores han aumentado”, añade TM Roh, prometiendo “una experiencia de audio única”. 

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Author: LaVoz.com.ar | Tecnología

L’affaire Duhamel fait bondir le nombre de signalements d’inceste

adolescent triste

Suite à la sortie du livre La Familia Grande de Camille Kouchner, dans lequel elle décrit le viol subi par son frère adolescent de la part de leur beau-père Olivier Duhamel, les signalements d’inceste se multiplient, souvent dans des milieux «extrêmement aisés», constate Europe 1.

Le nombre de signalements de cas d’inceste a augmenté depuis la publication du livre de Camille Kouchner qui accuse son beau-père Olivier Duhamel d’avoir violé son frère jumeau, alors adolescent, constatent les associations accompagnant les victimes et leurs proches, selon les informations recueillies par Europe 1.

Révélés progressivement depuis une dizaine de jours, les cas signalés ont doublé, parfois même multipliés par quatre, voire cinq, précise le média.

Selon Cathy Milard, directrice de SOS Inceste, «Il y a eu une conséquence, en particulier pour les personnes qui ont été agressées dans un milieu extrêmement aisé, et aussi les personnes dont le statut de l’agresseur est d’un niveau assez important».

Les victimes se sentent libres de parler

Le fait que le principal mis en cause soit une personnalité incite les victimes à témoigner, explique Mme Milard. L’énorme intérêt pour le livre de Camille Kouchner les a rassurées, elles qui ont souvent des enfants de leur agresseur.

Cette vague de signalements démontre que l’inceste est présent dans toutes les couches de la société, poursuit la directrice de SOS Inceste. Les associations contre l’inceste espèrent que le tabou de ce thème sera désormais brisé pour de bon.

L’affaire Duhamel

Olivier Duhamel, ex-président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), s’est retrouvé sous le feu des critiques après la parution du livre La Familia grande de Camille Kouchner dans lequel elle affirme que son frère jumeau a été victime d’inceste lorsqu’il avait 14 ans par son beau-père M Duhamel.

Une enquête judiciaire a été ouverte pour «viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans». Le politologue a depuis démissionné de son poste à la FNSP et n’apparaîtra plus sur la chaîne LCI ni dans son émission Mediapolis sur Europe 1.


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L’affaire Duhamel relance le débat autour des questions de consentement et d’imprescriptibilité

Dans le sillage de la déflagration produite par la sortie de l’ouvrage La Familia Grande (Seuil, 2018 p., 18 euros), de Camille Kouchner, dans lequel elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d’inceste envers son frère jumeau, deux questions ont ressurgi dans le débat public : celle de la recherche du consentement de la victime mineure en cas de viol ou d’agression sexuelle et, dans une moindre mesure, celle de l’allongement des délais de prescription pour ces affaires. Ces derniers jours, les associations de victimes ou des personnalités comme la psychiatre Muriel Salmona sont reparties sur le terrain médiatique pour obtenir des changements sur ces points.

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En 2018, la loi sur les violences sexistes et sexuelles, dite loi Schiappa, a allongé la prescription pour les faits de crimes sexuels sur mineurs, la faisant passer de vingt à trente ans à compter de la majorité de la victime. Une avancée encore insuffisante pour un certain nombre d’acteurs, comme l’association Face à l’inceste et d’autres, qui militent pour l’imprescriptibilité, mettant notamment en avant l’amnésie traumatique dont peuvent souffrir les victimes.

« Une quasi-impunité »

Le sujet est cependant loin de faire l’unanimité, dans le monde de la justice, mais aussi au sein du secteur associatif. L’association La Voix de l’enfant y est, par exemple, opposée, au motif qu’elle est aujourd’hui réservée aux crimes contre l’humanité. Sa présidente, Martine Brousse, s’interroge par ailleurs sur « le risque que les victimes diffèrent leurs révélations », et en conséquence leur prise en charge, en l’absence de limite.

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Un second chantier, la proposition d’un seuil d’âge en dessous duquel un mineur serait automatiquement considéré comme non consentant à des relations sexuelles avec un adulte, est également relancé. Initialement envisagée par le gouvernement en 2018, la mesure avait finalement été abandonnée, au grand dam des associations qui militent toujours pour son instauration. « A l’heure actuelle, on a un système défaillant qui garantit une impunité ou une quasi-impunité des violences sexuelles sur mineurs », dénonce ainsi le Collectif pour l’enfance, qui regroupe 33 associations engagées dans ce combat. « Quel que soit l’âge des victimes, on continue dans les tribunaux à étudier au cas par cas si un enfant a pu consentir à l’acte, ce qui aboutit à des requalifications en cascade d’affaires de viols en atteintes sexuelles », ce qui revient à diviser par trois la peine encourue. Le collectif milite pour la création d’infractions sexuelles spécifiques pour les mineurs de moins de 15 ans « qui excluraient d’avoir à rapporter la preuve de la contrainte », une des conditions constitutives des faits de viol ou d’agression sexuelle, comme la menace, la surprise et la violence.

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L’affaire Duhamel relance le débat autour des questions de consentement et d’imprescriptibilité

Dans le sillage de la déflagration produite par la sortie de l’ouvrage La Familia Grande (Seuil, 2018 p., 18 euros), de Camille Kouchner, dans lequel elle accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d’inceste envers son frère jumeau, deux questions ont ressurgi dans le débat public : celle de la recherche du consentement de la victime mineure en cas de viol ou d’agression sexuelle et, dans une moindre mesure, celle de l’allongement des délais de prescription pour ces affaires. Ces derniers jours, les associations de victimes ou des personnalités comme la psychiatre Muriel Salmona sont reparties sur le terrain médiatique pour obtenir des changements sur ces points.

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En 2018, la loi sur les violences sexistes et sexuelles, dite loi Schiappa, a allongé la prescription pour les faits de crimes sexuels sur mineurs, la faisant passer de vingt à trente ans à compter de la majorité de la victime. Une avancée encore insuffisante pour un certain nombre d’acteurs, comme l’association Face à l’inceste et d’autres, qui militent pour l’imprescriptibilité, mettant notamment en avant l’amnésie traumatique dont peuvent souffrir les victimes.

« Une quasi-impunité »

Le sujet est cependant loin de faire l’unanimité, dans le monde de la justice, mais aussi au sein du secteur associatif. L’association La Voix de l’enfant y est, par exemple, opposée, au motif qu’elle est aujourd’hui réservée aux crimes contre l’humanité. Sa présidente, Martine Brousse, s’interroge par ailleurs sur « le risque que les victimes diffèrent leurs révélations », et en conséquence leur prise en charge, en l’absence de limite.

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Un second chantier, la proposition d’un seuil d’âge en dessous duquel un mineur serait automatiquement considéré comme non consentant à des relations sexuelles avec un adulte, est également relancé. Initialement envisagée par le gouvernement en 2018, la mesure avait finalement été abandonnée, au grand dam des associations qui militent toujours pour son instauration. « A l’heure actuelle, on a un système défaillant qui garantit une impunité ou une quasi-impunité des violences sexuelles sur mineurs », dénonce ainsi le Collectif pour l’enfance, qui regroupe 33 associations engagées dans ce combat. « Quel que soit l’âge des victimes, on continue dans les tribunaux à étudier au cas par cas si un enfant a pu consentir à l’acte, ce qui aboutit à des requalifications en cascade d’affaires de viols en atteintes sexuelles », ce qui revient à diviser par trois la peine encourue. Le collectif milite pour la création d’infractions sexuelles spécifiques pour les mineurs de moins de 15 ans « qui excluraient d’avoir à rapporter la preuve de la contrainte », une des conditions constitutives des faits de viol ou d’agression sexuelle, comme la menace, la surprise et la violence.

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Tras el asalto de los “poliladrones” se robaron grabaciones de cámaras de seguridad

Tras el asalto de la banda de los “poliladrones” a una familia en Camino a 60 Cuadras, un llamativo robo se produjo en las últimas horas en un comercio de la zona, en la periferia sur de la Capital cordobesa.

“El propietario de un comercio (una forrejaería) de Camino a 60 Cuadras, en el kilómetro 12, denunció que en el día de ayer ingresaron al lugar dos sujetos quienes, por medio de amenazas, les hizo entrega de un disco rígido de las cámaras de seguridad del lugar”, informó a La Voz la Policía.

Las cuatro cámaras de seguridad están ubicadas en un poste y apuntan justo hacia una de las casas asaltadas el sábado pasado.

El hecho llama la atención ya que es lo único que se llevaron los delincuentes. Fuentes ligads a la investigación no descartan que el robo esté ligado al violento asalto que sufrió días atrás una familia por la banda conocida como la de los “poliladrones”.

Ese grupo delictivo desde hace tiempo se viene moviendo con absoluta impunidad por la ciudad de Córdoba, sobre todo en la zona sur.

Leonardo Guevara, movilero de radiio Mitre, tomó imágenes de las cámaras que se encuentran en ese sector.

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Author: LaVoz.com.ar | Sucesos

La familia de la primera víctima mortal de la Cañada Real denuncia al Gobierno regional y a Naturgy

Primera muerte en la Cañada Real Galiana relacionada con el corte del suministro de luz. La familia de un vecino de 74 años del Sector 6  ha presentado este miércoles en los juzgados y ante la Fiscalía de Protección de Mayores una denuncia contra altos cargos de la Comunidad de Madrid y Naturgy por la presunta comisión de un delito de omisión del deber de socorro al vincular su muerte, ocurrida el pasado día dos de enero, con la falta de luz para poder calentarse en pleno invierno. 

El vecino fallecido no tenía problemas de salud. Según ha podido saber Público, el hombre llevaba desde mediados del pasado mes de diciembre quejándose de  que “no podía quitarse el frío del cuerpo”. En los días previos a su muerte, su familia le veía con mal aspecto, destemplado y apagado. Cuando lo intentaron llevar al médico, sufrió una parada cardiorespiratoria. El SUMMA acudió en su auxilio pero los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento, descartando que el hombre fuera positivo en coronavirus. 

Los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, donde viven 4.554 personas, de los que 1812 son menores, llevan sufriendo desde el pasado 2 de octubre cortes en el suministro de luz hasta llegar a la situación actual en la que no tienen luz para el funcionamiento de calefactores ni de electrodomésticos. Una situación que ya está siendo investigada por el juzgado 42 de la capital.

La denuncia de la familia de este vecino se dirige contra el comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid, José Tortosa de la Iglesia, que es un alto cargo del gobierno regional, y contra su superior, el consejero de Vivienda, David Pérez, por un presunto delito de prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro. “El comisionado debía hacer cumplir el Pacto para la Cañada Real y proteger a su población”, consta en la denuncia. También ha denunciado a la empresa suministradora Naturgy. La familia, además de en los juzgados madrileños, ha presentado la denuncia ante la Fiscalía de Protección de Personas Mayores, “por entender que una persona de 74 años ha fallecido en condiciones muy complicadas de vulnerabilidad por la falta de luz en su domicilio”, explica a este periódico María José Sobrino, la abogada de la familia.

“Hay mucho miedo en la Caña Real, entre los vecinos, de que cualquier mañana pueda aparecer alguien muerto por el frío, y ya ha pasado”, dice Sobrino. Esta letrada explica que la familia pide a la Justicia aclarar si la muerte de su ser querido se ha producido por el frío provocado por la falta de suministro de luz. El hombre fallecido había sido peón de la construcción y en la actualidad percibía una pensión no contributiva, conviviendo con su esposa y otros familiares. 


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Primera denuncia en los juzgados contra la Comunidad y Naturgy por la muerte de un vecino de 74 años en la Cañada

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) –

La familia de un vecino de 74 años del Sector VI de la Cañada Real presentará este miércoles en los juzgados y ante la Fiscalía de Protección de Mayores una denuncia contra altos cargos de la Comunidad de Madrid y Naturgy por la presunta comisión de un delito de omisión del deber de socorro al vincular su muerte con los cortes de luz que están afectado a varios sectores de la zona.

Desde hace dos meses, dos de los sectores de la Cañada Real están siendo afectados por cortes de luz como consecuencia de la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados, de hasta siete veces el consumo normal según la Comunidad de Madrid. Esta semana, los vecinos han tenido que afrontar las bajas temperaturas traídas por la borrasca Filomena.

El fallecimiento de este vecino de 74 años se produjo el pasado 2 de enero. El hombre empezó el pasado 17 de diciembre a encontrarse mal, refiriendo todo el tiempo que “tenía mucho frío y que se encontraba destemplado, y en su voz se notaba que estaba constipado”.

También mantenía un tono depresivo por el corte de luz, decía que no entendía lo que sucedía y porqué no podían tener calefacción y se mostraba callado y pesimista sobre la situación. El 2 de enero se produjo el fallecimiento repentino, tras llevar dos semanas afirmando que sentía un frío del que no se podía deshacer.

Tras certificar el fallecimiento por parada cardiorespiratoria, los servicios del SUMMA le realizaron una prueba PCR para comprobar si podía ser coronavirus y dio negativo.

Se trataba de un varón de 74 años, gozaba de buena salud y no tenía antecedentes relevantes antes del corte de suministro, sin embargo su estado se fue deteriorando en poco tiempo y de manera concomitante al frío intenso y a la falta de suministro eléctrico en su vivienda.

Había sido peón de la construcción y en la actualidad percibía una pensión no contributiva, conviviendo con esposa y otros familiares. Su familia presenció su fallecimiento en el mismo momento en que se aprestaban a tomar un vehículo para ir a un médico a que le vieran.

La defensa ha señalado que la denuncia pretende que se tomen declaraciones de varios testigos del fallecimiento y que se investigue a fondo el fallecimiento y su relación corte de luz y la falta de restablecimiento del mismo.

OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO

En el escrito, se atribuye indiciariamente un delito de omisión del deber de socorro a las autoridades de la Comunidad de Madrid, en concreto el Comisionado de Cañada Real Galiana, alto cargo de la administración.

El abogado ha subrayado que su único cometido era “hacer cumplir el Pacto y proteger a la población de la Cañada Real, así como al responsable o responsables de la empresa Naturgy que por acción u omisión no han restablecido el suministro”.

“La inacción ante la situación que se avecinaba en Cañada Real Galiana es culpable pues el riesgo para la salud venía siendo advertido por múltiples organismos, incluidos médicos del servicio madrileño de salud, el Defensor del Pueblo, el Comisionado para la Pobreza Infantil, el arzobispo de Madrid y varios Relatores de Naciones Unidas”, ha recalcado la defensa.

A finales de diciembre, el juez de Madrid acordó abrir diligencias para investigar la denuncia interpuesta por afectados por los cortes de Luz también han presentado esta mañana una denuncia contra la Comunidad de Madrid y Naturgy/Unión Fenosa por la presunta vulneración de Derechos Humanos respecto a las más de 4.000 personas damnificadas por la interrupción del suministro eléctrico.


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SEF/Ihor: Estado português vai indemnizar família da vítima em mais de 800 mil euros

O Estado português vai indemnizar em mais de 800 mil euros a família do cidadão ucraniano morto em março sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), avança o Diário de Notícias na edição de hoje.

A decisão da Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, teve por base o “tratamento cruel, desumano e degradante” a que Ihor Homeniuk foi sujeito nas instalações do SEF, no aeroporto de Lisboa, em 12 de março, que resultou na morte do cidadão ucraniano.

De acordo com o diário, que voltou esta semana a vender em banca, a família de Ihor vai receber uma indemnização imediata de 712.950 euros, à qual acresce uma pensão para os dois filhos do casal, enquanto estes estiverem a estudar, até aos 28 anos, num total que o advogado da família calcula em 834 mil euros.


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Família de Ihor Homenyuk vai receber indemnização superior a 800 mil euros

A família de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu quando estava sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa, vai receber do Estado português uma indemnização superior a 800 mil euros. Segundo avança o “Diário de Notícias”, o valor imediato a ser pago totaliza 712.950 euros, a que acresce uma pensão para os dois filhos enquanto estes estiverem a estudar.

No total, o advogado da família calcula que o montante a ser pago por Portugal ascenda a 834 mil euros – a título de de indemnização civil tinha sido pedido em tribunal um milhão, em nome da viúva, Oksana Homeniuk, e dos filhos Veronika e Oleg, ambos menores.

O montante da indemnização foi decidido pela Provedora de Justiça, na sequência de uma Resolução do Conselho de Ministros realizado a 14 de dezembro, cujo teor determina que a verba seja suportada pelo orçamento do SEF. Nela se incluem 50 mil euros destinados ao pai de Ihor Homeniuk, recordando o jornal que a mãe tinha morrido um mês antes de o filho viajar para Portugal.

A decisão de Maria Lúcia Amaral, a que o DN teve acesso, teve em conta “as circunstâncias que conduziram à morte, em particular a frustração de todas as expectativas quanto à salvaguarda dos direitos fundamentais da vítima pelas instituições portuguesas, mas também pelo afastamento geográfico e linguístico”. É também referido que “os elementos já conhecidos permitem concluir, em termos objetivos, pela verificação de ações e omissões que correspondem ao tratamento cruel, desumano ou degradante”. “Quer pelas ações cuja prática se encontra estabelecida, quer pela omissão de cuidados no extenso período que antecedeu a morte, é possível concluir por um intenso grau de sofrimento, prolongado no tempo”, transcreve ainda o jornal.

A indemnização considera 80 mil euros pelo dano de “perda da vida” e 100 mil euros relativos ao sofrimento ‘ante mortem’, sendo a soma dividida em parte iguais pela viúva e pelos dois filhos. Como danos de terceiros foi fixada a verba de 56 mil euros para a viúva e outro tanto para cada um dos dois filhos, além dos referidos 50 mil euros para o pai da vítima.

Os valores atribuídos têm em conta a esperança média de vida dos herdeiros de Ihor Homenyuk. No caso dos filhos, atualmente com nove e 14 anos, e caso prossigam estudos ou formação profissional, manter-se-á o direito ao pagamento de uma renda anual até ao ano em que atingirem 28 anos.

Ihor Homeniuk morreu a 12 de março, dois dias depois de ter chegado ao aeroporto Humberto Delgado e de lhe ter sido recusada ilegalmente a entrada. Segundo o Ministério Público, foi vítima de violentas agressões, estando acusados de homicídio qualificado os inspetores do SEF Luís Silva, Duarte Laja e Bruno Sousa.


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